Exijamos una política nacional y fiscal sobre alcohol

El consumo de alcohol es uno de los principales problemas de salud pública en México. Cada año, miles de familias enfrentan las consecuencias de enfermedades, siniestros de tránsito, violencia y pérdida de productividad vinculadas al alcohol. Estos daños conllevan costos económicos y sociales que superan con creces los ingresos que el Estado obtiene los impuestos a estos productos, revelando un desequilibrio injusto: mientras la industria maximiza sus ganancias, la sociedad mexicana absorbe los costos del daño.

Frente a esto, es impostergable implementar una política nacional integral de alcohol, alineada con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En este marco, la política fiscal debe ser central. Elevar los impuestos a las bebidas alcohólicas es una medida efectiva para reducir su consumo, especialmente entre jóvenes y poblaciones vulnerables, además de ser una fuente de financiamiento sostenible para programas de salud y desarrollo social.

No se trata solo de una cuestión económica, sino un compromiso ético y político con la protección de la vida y el bienestar de millones de personas. México no puede seguir postergando esta decisión: es momento de que el interés público prevalezca sobre los intereses comerciales de una industria que se beneficia del daño.