Impuestos Saludables ¡Ya!
La campaña “¿Quién paga los daños del alcohol? Impuestos saludables ¡YA!” tiene como objetivo concientizar sobre los altos costos sociales y económicos del alcohol, los cuales ascienden a 552 mil millones de pesos al año, una cifra doce veces mayor que lo que la industria aporta en impuestos.
Frente a esto, la campaña subraya que una medida costo – efectiva y justa son los impuestos al alcohol: permiten reducir el consumo, especialmente entre jóvenes, y al mismo tiempo, generan ingresos públicos para financiar políticas de salud.
Tan solo en 2022, se registraron más de 210,000 nuevos casos de enfermedades atribuibles al alcohol y 41,000 muertes relacionadas con su consumo. A pesar de esta enorme carga, la industria del alcohol no asume los costos de los daños que generan sus productos.
Experiencias internacionales, como la de Rusia, han demostrado que aumentar los impuestos, junto con una buena regulación de publicidad y la disponibilidad, puede disminuir el consumo nocivo hasta en un 50%.
Bajo el hashtag #ImpuestosSaludablesYa, esta campaña envía un mensaje claro: los daños no deben seguir pagando las familias mexicanas, sino la industria que los provoca.
Exijamos una política nacional y fiscal sobre alcohol
El consumo de alcohol es uno de los principales problemas de salud pública en México. Cada año, miles de familias enfrentan las consecuencias de enfermedades, siniestros de tránsito, violencia y pérdida de productividad vinculadas al alcohol. Estos daños conllevan costos económicos y sociales que superan con creces los ingresos que el Estado obtiene los impuestos a estos productos, revelando un desequilibrio injusto: mientras la industria maximiza sus ganancias, la sociedad mexicana absorbe los costos del daño.
Frente a esto, es impostergable implementar una política nacional integral de alcohol, alineada con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En este marco, la política fiscal debe ser central. Elevar los impuestos a las bebidas alcohólicas es una medida efectiva para reducir su consumo, especialmente entre jóvenes y poblaciones vulnerables, además de ser una fuente de financiamiento sostenible para programas de salud y desarrollo social.
No se trata solo de una cuestión económica, sino un compromiso ético y político con la protección de la vida y el bienestar de millones de personas. México no puede seguir postergando esta decisión: es momento de que el interés público prevalezca sobre los intereses comerciales de una industria que se beneficia del daño.
